La Sindicatura de Comptes ha constatado que la Generalitat Valenciana ha pagado hasta febrero 1.093 millones de euros en ayudas por la dana, el 60 % de los 1.816 millones convocados, y ha alertado de riesgos de incumplimiento en diversos expedientes que podrían acabar en devoluciones de fondos.
El informe se ha centrado en las ayudas vinculadas a la dana concedidas por la Administración de la Generalitat. El alcance temporal comprende los ejercicios 2024 y 2025. La Sindicatura ha revisado en detalle siete líneas de subvenciones. Esas siete líneas concentran el 80 % de los pagos de un total de 45 programas destinados a la recuperación tras la catástrofe.
Según el órgano fiscalizador, la revisión de legalidad sobre el procedimiento de concesión, las modificaciones presupuestarias y la publicidad y transparencia no ha detectado incumplimientos relevantes. Es decir, los procesos formales se han ajustado a la normativa.
Riesgos de incumplimiento y posibles devoluciones
Pese a ese cumplimiento formal, la Sindicatura ha identificado un número significativo de expedientes con factores de riesgo de incumplir requisitos esenciales de elegibilidad. Ha señalado que estos casos ‘deberán ser revisados en el marco de los planes de control posterior que exige la normativa’. Si se confirman los indicios como incumplimientos efectivos, ‘procedería el inicio de los correspondientes procedimientos de reintegro’, han indicado desde la institución.
En algunos expedientes ya se ha verificado el incumplimiento. En esos casos, la Sindicatura indica que deberán tramitarse los correspondientes expedientes de devolución de las ayudas percibidas.
El informe subraya que el sistema de ayudas dana 2024 ‘constituyó una respuesta rápida, de amplio alcance y tipológicamente diversificada ante una catástrofe de magnitud excepcional’. Para la Sindicatura, ‘la celeridad con la que se pusieron a disposición de la ciudadanía las primeras líneas de ayuda constituye un aspecto muy positivo’.
Sin embargo, el órgano de control añade que, como contrapartida, ‘consideramos que su diseño adolece de ciertas debilidades que comprometen la eficacia y la eficiencia en la aplicación de los fondos públicos, la igualdad de trato entre beneficiarios y la posibilidad de verificar, con base objetiva, que cada ayuda concedida respondió a una necesidad real y acreditada’.
Tramitación de las ayudas y base legal
La Sindicatura recuerda que las ayudas directas diseñadas por la Generalitat Valenciana se han tramitado conforme al artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones (LGS) y al artículo 168.1.C de la Ley 1/2015. Estas normas habilitan a las Administraciones públicas a conceder subvenciones de forma directa cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras causas debidamente justificadas que dificulten una convocatoria pública.
En la práctica, este marco legal ha permitido activar las ayudas de forma más ágil tras la dana. No obstante, la Sindicatura advierte de que esa rapidez exige posteriormente un control riguroso. Así se garantiza que los beneficiarios cumplan todos los requisitos y que el dinero público llegue a quienes realmente acreditan daños y necesidades.
Los principales riesgos detectados se concentran en varias convocatorias clave. Afectan a ayudas para vehículos siniestrados (DANAVH), bienes de primera necesidad (DANAPN), mantenimiento del empleo en empresas y comercios (INDANA/CODANA) y alquileres de vivienda (DANALQ).
En estas líneas, el informe señala que ‘concurren factores de riesgo de incumplimiento de requisitos esenciales de elegibilidad, que deberán ser revisados en el marco de los planes de control posterior que prevé el artículo 169 de la Ley 1/2015 y que podrían dar lugar a procedimientos de reintegro’.
Casos concretos: vehículos, alquileres y municipios de Valencia
Uno de los puntos más relevantes se refiere a las ayudas destinadas a vehículos siniestrados (DANAVH). La Sindicatura indica que 1.936 beneficiarios de esta convocatoria no han acreditado, en el plazo establecido, la baja definitiva del vehículo. Estos expedientes deberán ser objeto de reintegro, por un importe total de 6,4 millones de euros.
En la línea de ayudas al alquiler de vivienda (DANALQ), el órgano fiscalizador ha revisado diez expedientes. En todos ellos concluye que ‘no es posible asegurar la correcta verificación de la unidad de convivencia, existiendo el riesgo de que se hayan otorgado ayudas a unidades cuyos miembros incumplan el requisito de no titularidad de otra vivienda en un radio de 30 kilómetros establecido en el artículo 6 del Decreto 167/2024′.
La Sindicatura pone también el foco en las ayudas destinadas a los municipios, incluidas localidades de la provincia de Valencia. En uno de los cinco expedientes revisados sobre subvenciones para gastos urgentes y extraordinarios acometidos por ayuntamientos valencianos, el beneficiario ha justificado 80.085 euros menos que la subvención recibida. Ese desfase deberá someterse igualmente a un expediente de reintegro.
Por último, el informe examina las ayudas para pymes industriales, comercios, hostelería y servicios incluidas en la convocatoria ARA EMPRESES. En uno de los expedientes analizados se ha detectado un caso en el que tres entidades mercantiles, con la misma titularidad real y un órgano de administración común, desarrollan su actividad en el mismo establecimiento. Pese a ello, presentaron solicitudes de ayuda por separado.
Para la Sindicatura, este tipo de situaciones refuerza la necesidad de controles posteriores exhaustivos. Así se puede evitar que un mismo grupo económico reciba varias subvenciones sin que exista una diferenciación real de la actividad o de los daños sufridos por la dana.
