La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aplazado la decisión sobre las tres quejas disciplinarias contra la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, y ha optado por estudiar con más detalle la abundante documentación del expediente antes de pronunciarse.
En el orden del día de la Permanente figuraba la propuesta de archivo formulada por el promotor de la acción disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, respecto de las tres quejas presentadas contra la magistrada. Ese archivo habría supuesto cerrar la vía disciplinaria abierta por estas denuncias vinculadas a la investigación judicial de la gestión de la dana.
Fuentes jurídicas han explicado que la retirada del asunto del orden del día no obedece a un choque entre los vocales. Según estas fuentes, la Comisión ha preferido disponer de más tiempo para examinar con detenimiento toda la documentación remitida, que consideran numerosa y compleja. La reunión de este martes ha sido, por tanto, una primera toma de contacto antes de fijar una posición definitiva.
Hasta ahora, la posición tanto de los vocales del sector progresista como del conservador apuntaba a respaldar el criterio de Conde. Es decir, a avalar el archivo de las quejas presentadas contra la jueza. Sin embargo, la resolución ha quedado aplazada hasta que todos los miembros de la Permanente analicen a fondo el contenido del expediente disciplinario.
Primeras quejas de Salomé Pradas
La primera queja fue presentada por la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa que instruye el Juzgado de Catarroja. Pradas sostiene que se ha visto con su derecho de defensa ‘gravemente afectado’ por varias resoluciones judiciales de la magistrada.
En su escrito, la exconsellera afirma que esos autos contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria. También denuncia que recogen ‘afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria‘, a pesar de encontrarse todavía en fase de instrucción.
La defensa de Pradas presentó en mayo una primera queja en la que cuestionaba el auto de imputación dictado por la jueza el 10 de marzo. En esa resolución se hablaba, según el escrito, de un aviso tardío y erróneo a la población antes de la dana, así como de una gestión deficiente de la emergencia.
Además, la queja se dirigía contra otro auto, de 9 de mayo, en el que la magistrada apuntaba a una ‘manifiesta pasividad’ a la hora de alertar a la ciudadanía. La defensa considera que esas expresiones van más allá de una valoración indiciaria propia de la instrucción.
El abogado de Pradas también alegó ‘falta de imparcialidad’ y opiniones predeterminadas de la jueza sobre los hechos investigados. En su escrito mencionó, además, ‘la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial’, aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, extremo que difundieron varios medios.
Posteriormente, Pradas amplió su queja por la forma en que se transcribió su declaración del 11 de abril. A su juicio, esa transcripción no recogía fielmente sus manifestaciones y podía influir en la valoración del caso.
Más denuncias y petición de apartar a la jueza
A la queja inicial de la exconsellera se sumó el 31 de julio el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en la causa penal por la gestión de la dana. Su defensa pidió la suspensión de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra y de su marido, magistrado del Juzgado número 4 de Valencia.
En esa queja, el letrado de Argüeso reclamó que ‘continúe la instrucción su sustituto legal‘, al entender que la jueza no puede seguir al frente del procedimiento con las dudas planteadas sobre su actuación y posibles injerencias.
Más tarde se añadió una tercera queja, presentada por el abogado Rubén Gisbert. En este caso, el letrado denunció supuestas injerencias del marido de la jueza en el desarrollo de la investigación, lo que, a su juicio, comprometería la apariencia de imparcialidad del órgano judicial.
Mientras tanto, el procedimiento penal abierto en el Juzgado de Catarroja sigue adelante. La investigación se centra en presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia por las 228 muertes y las lesiones registradas durante las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.
De la decisión final de la Comisión Permanente del CGPJ dependerá si estas quejas se archivan o si se abre un expediente disciplinario formal a la magistrada. Hasta que se produzca ese pronunciamiento, la jueza continúa al frente de la instrucción sobre la gestión de la dana y las posibles responsabilidades penales derivadas.
