El Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria de València ha reclamado que la compra de alimentos de instituciones como colegios, hospitales o residencias se convierta en una política pública estratégica, dotada de estabilidad y recursos, para apoyar a la agricultura campesina y familiar y mejorar la alimentación de la ciudadanía.
Esta petición forma parte del Manifiesto de València sobre compra pública alimentaria vinculada a la agricultura familiar y campesina, que se ha firmado este viernes tras dos jornadas de trabajo en la ciudad. En el encuentro han participado más de 150 personas de organizaciones campesinas, administraciones públicas, universidades, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil.
El texto ha insistido en que ya existen conocimientos y herramientas suficientes para avanzar. Según el manifiesto, ‘contamos con la evidencia científica, disponemos de las herramientas jurídicas y la sociedad civil está organizada’. Por ello, ha subrayado que ‘no faltan diagnósticos; hacen falta decisiones políticas estructurales que conviertan la compra pública alimentaria en una política de Estado dotada de estabilidad y continuidad más allá de los ciclos de gobierno’.
El documento ha defendido que la compra pública alimentaria ‘deje de entenderse como un procedimiento administrativo y se convierta en una política pública estratégica’. De este modo, podría orientar recursos hacia la agricultura familiar y campesina, garantizar precios justos, fortalecer los territorios rurales, mejorar la alimentación de la ciudadanía, reducir el desperdicio y proteger los derechos humanos en las cadenas de suministro.
Derechos humanos y papel de las administraciones
El coordinador general de Mundubat, Antonio Montoro, ha recalcado la importancia de mantener siempre presente el enfoque de derechos humanos en estas políticas. Ha recordado ‘la importancia del marco de los derechos humanos, y en especial, el que nos brinda la declaración de Derechos del Campesinado (UNDROP por su sigla en inglés) que recoge todos los derechos de las campesinas y los campesinos, como el derecho a la alimentación y el acceso a la tierra a precios justos’.
Montoro ha defendido que las instituciones públicas tienen un papel clave. Según ha señalado, ‘necesitamos poner el foco en el papel de lo público en garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, en cuanto garante de los derechos humanos. Por eso estos esfuerzos colectivos como este Foro son esenciales’. Con ello ha vinculado directamente la compra pública de alimentos con la obligación de los poderes públicos de garantizar derechos básicos.
El manifiesto también ha recogido aprendizajes de experiencias desarrolladas en diferentes partes del mundo, como Brasil, Cabo Verde, Colombia, Indonesia o la India, entre otros países. En estos casos, las políticas públicas han utilizado la compra de alimentos para apoyar a la pequeña agricultura y, al mismo tiempo, asegurar el acceso a la alimentación de las comunidades.
Además, el texto ha incorporado ejemplos europeos y municipales que ya han avanzado en la adaptación de la contratación pública. Entre estos avances figuran la creación de infraestructuras logísticas específicas y una mayor coordinación entre administraciones y sectores productores para facilitar el suministro de alimentos de proximidad y de pequeña escala.
Impacto en comedores escolares, hospitales y residencias
El presidente de CERAI, Txaran Basterrechea, ha destacado el potencial transformador de la compra pública. Ha afirmado que ‘la compra pública alimentaria es una herramienta de desarrollo: cada euro destinado a los comedores escolares, hospitales y residencias puede contribuir a una alimentación saludable y a sistemas alimentarios más justos y sostenibles’.
Basterrechea ha defendido que, para aprovechar este potencial, ‘las administraciones deben adaptar los contratos, superar el predominio del precio más bajo y garantizar transparencia sobre el origen y las condiciones de producción de los alimentos’. Según ha expuesto, estas medidas permitirían que el dinero público destinado a alimentación tenga un impacto directo en la mejora de la salud, en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y en el refuerzo de la agricultura familiar.
En conjunto, el Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria de València ha pedido voluntad política, recursos, cambios normativos y una estructura pública capaz de transformar los territorios. Sus conclusiones apuntan a un modelo en el que la compra pública de alimentos deje de ser un trámite administrativo y se convierta en una palanca para fortalecer el medio rural, garantizar derechos humanos y mejorar la alimentación de la población.
