La Policía Nacional ha ejecutado este jueves a primera hora el desahucio de Daniel, joven investigador de la Universitat de València, de su vivienda en Burjassot (Valencia), con un fuerte despliegue policial y pese a que dispone de dos sentencias que reconocen su derecho de compra y la vigencia de su contrato de alquiler, según ha denunciado el Sindicat d’Habitatge de València.
El colectivo ha explicado que el lanzamiento se ha producido después de que el pasado 30 de septiembre se paralizase de forma temporal. Finalmente, la orden se ha llevado a cabo en la mañana de este jueves, en un contexto que el sindicato enmarca en la actual crisis de la vivienda.
Fuerte presencia policial desde primera hora
El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha detallado que, sobre las seis de la mañana, un dispositivo policial formado por ocho furgones ha acudido al domicilio de Daniel.
Según Arellano, la presencia de agentes ha tenido como objetivo ‘presionar a Daniel y sacarlo de su casa antes de tiempo’. El sindicato había convocado una rueda de prensa a las 08:30 horas para explicar el caso, pero finalmente el desahucio ya se había ejecutado cuando llegaba la hora prevista.
El portavoz ha indicado que Daniel ‘no quería exponer a nadie’ porque, a su juicio, ‘los costes represivos son muy altos‘. Ha recordado, además, lo sucedido en el desahucio de Maricarmen, donde, según ha dicho, se vivió ‘una represión policial muy importante y costosa para la gente’.
Arellano ha subrayado que, si se hubiera concentrado gente ante la vivienda, podrían haberse enfrentado a una situación similar. Por ello, el sindicato ha optado por evitar un llamamiento masivo, ante el temor a nuevas cargas o multas.
Impacto emocional en el joven investigador
Tras el desalojo, Daniel se encuentra acompañado por su pareja y ha pedido tranquilidad, según ha trasladado el sindicato. El joven ha explicado que ha pasado ‘verdaderamente mal’ la mañana y ha relatado que ha sufrido una taquicardia al despertarse con el ruido de los furgones policiales.
‘Si lo llego a saber no duermo aquí’, ha comentado Daniel al sindicato, según declaraciones recogidas por À Punt. El colectivo ha destacado el impacto emocional y la sensación de indefensión que, a su juicio, ha generado la intervención.
El Sindicat d’Habitatge de València ha recordado que, pese a la ejecución del desahucio, siguen en marcha dos recursos judiciales. Uno es un recurso de queja para elevar el caso al Tribunal Supremo, y el otro es un recurso de reposición.
Según el sindicato, ‘no se han aceptado los diez días hábiles que tenía Daniel para intentar que los recursos llegasen al máximo término posible’. Consideran que los plazos no se han respetado de forma adecuada y que el lanzamiento se ha adelantado mientras esas vías legales seguían abiertas.
Disputa por el derecho de compra y el contrato de alquiler
Arellano ha señalado que con estos recursos pretenden demostrar ‘que hay una falsedad documental porque se ha negado los derechos de una persona que tiene reconocida su derecho a compra y su contrato de alquiler’.
En su opinión, ‘este desahucio no se debería haber producido‘. El sindicato sostiene que las resoluciones judiciales reconocen tanto el derecho de compra de Daniel como la vigencia de su arrendamiento, y que, aun así, se ha ejecutado el lanzamiento.
En este sentido, el portavoz ha acusado a la inmobiliaria de que ‘ha estafado, engañado y vendido la casa vulnerando los derechos de Daniel’. Ha explicado que el joven ‘se personó para intentar ejercer su derecho de tanteo y retracto que está reconocido en dos anexos del contrato’.
Arellano ha lamentado que, pese a disponer de resoluciones favorables, el resultado práctico ha sido el desalojo: ‘Por mucho que tengas la razón judicial, si te echan de casa has perdido el caso y hay que empezar a volver a remar y a intentar reconstruir un poco tu vida’.
El portavoz también ha criticado que este desahucio ‘se ha ejecutado mientras hay un real decreto que, en teoría, prohíbe los desahucios, frena la especulación y defiende a los inquilinos’. A su juicio, la situación de Daniel demuestra los límites de esa protección normativa.
Para el Sindicat d’Habitatge de València, el caso de Daniel ‘es un ejemplo claro de la consecuencia de la realidad de la crisis de la vivienda’. El colectivo ha advertido: ‘Estamos más cerca de encontrarnos en esta situación que de poder tener una casa’.
El sindicato ha enmarcado este desalojo en un contexto de tensión creciente en el acceso a la vivienda, especialmente para personas jóvenes y con contratos de alquiler que, según denuncian, quedan vulnerables ante operaciones de compraventa y decisiones empresariales de las inmobiliarias.
