La investigación judicial por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 233 personas en Valencia ha acumulado en dos años 71 tomos, 646 resoluciones, 449 piezas separadas y 690 declaraciones, en una instrucción que se ha prorrogado hasta el 30 de abril de 2027 y que varios abogados consideran muy difícil cerrar en ese plazo.
La jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra ha asumido desde enero de 2025 la instrucción penal de esta macrocausa, abierta inicialmente por los 75 fallecimientos ocurridos en su partido judicial. Desde marzo del año pasado se ha dedicado en exclusiva al procedimiento.
Una causa de enorme complejidad
La magistrada ha subrayado en sus resoluciones la gran complejidad de la causa y la extrema gravedad de su objeto. La investigación se centra en 233 homicidios y lesiones imprudentes por la presunta ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y por la posible conexión entre la pasividad, el retraso manifiesto y un aviso erróneo a la ciudadanía y las muertes ocurridas.
Esa complejidad ha llevado a prorrogar varias veces la instrucción, la última hasta finales de abril de 2027. Pese a ello, abogados personados en la causa consideran que será complicado cerrar la investigación en ese plazo, que califican de exhaustiva y minuciosa.
Esos letrados destacan la rapidez y eficacia con la que la magistrada resuelve los escritos que recibe, pero señalan que casi cada declaración ha dado lugar a nuevas peticiones de diligencias, lo que alarga de forma constante el sumario.
Según los datos del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juzgado instructor ha dictado hasta ahora 592 resoluciones, entre autos, providencias, diligencias de ordenación y decretos. A ellas se suman 54 autos de la Audiencia de Valencia que han resuelto recursos de apelación, lo que eleva el total a 646 resoluciones.
La macrocausa cuenta asimismo con 449 piezas separadas. Hay una pieza por cada fallecido, otra por cada familiar perjudicado y otra por cada persona lesionada. Además, se han personado 13 acusaciones populares y numerosas acusaciones particulares, muchas agrupadas en asociaciones de víctimas.
En cuanto a volumen documental, la causa ha alcanzado 71 tomos. A una media aproximada de 500 folios por tomo, el procedimiento suma ya alrededor de 35.500 folios, a los que se seguirán incorporando nuevas diligencias e informes.
Dos investigados y cientos de testigos
Hasta la fecha han declarado 690 personas ante la jueza instructora. Entre ellas figuran los dos investigados en la causa, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, así como cientos de testigos.
Esos testigos incluyen familiares de las víctimas, responsables y trabajadores de los servicios de emergencia, peritos y numerosos cargos políticos. La amplitud de perfiles declarantes refleja el intento de reconstruir con detalle qué ocurrió antes, durante y después del episodio de lluvias extremas.
Desde el 10 de marzo de 2025 la causa tiene formalmente dos investigados. Se trata de Salomé Pradas, consellera cuando se produjo la DANA y que dimitió tres semanas después, y de Emilio Argüeso, destituido un mes tras las inundaciones. Pradas ha acudido ya tres veces al juzgado.
Durante casi dos años también ha declarado el núcleo de confianza del expresident Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat. Entre los testigos figuran la periodista que comió con él ese día, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y alcaldes de varios municipios afectados por la DANA.
Asimismo, han prestado declaración bomberos forestales y peritos técnicos. Se han escuchado versiones de quienes participaron directamente en los operativos de emergencia y de especialistas que han analizado la previsión meteorológica y la gestión del riesgo.
La lista de comparecientes incluye también a la exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; al jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, José Ángel Núñez; y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Paralelamente, se han incorporado numerosos informes técnicos. Entre ellos figuran los de Emergencias de la Generalitat, que han permitido constatar que el teléfono 112 recibió ese día 19.821 llamadas, concentradas en su mayoría alrededor de las 17.00 horas.
La jueza está también a la espera de saber si la empresa Meta puede recuperar desde Estados Unidos los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, con el entonces president en la jornada de la catástrofe. Esos contenidos se consideran potencialmente relevantes para aclarar qué comunicaciones y decisiones se produjeron en tiempo real.
La posición de Carlos Mazón
El papel del expresident Carlos Mazón se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la instrucción. Tras quince meses de investigación y después de ofrecerle tres veces la posibilidad de declarar, la jueza pidió en febrero al TSJCV que le imputara.
La instructora argumentó que no podía imputarle directamente porque Mazón está aforado como diputado autonómico. Sin embargo, sostuvo que su exclusión voluntaria en la gestión de la emergencia tuvo una repercusión decisiva en los fallecimientos.
El TSJCV rechazó en marzo abrir una causa penal contra Mazón. El tribunal consideró que el expresident no tenía la posición de garante en la gestión de la emergencia y, por tanto, no podía atribuírsele responsabilidad penal en ese momento.
En junio, la Audiencia de Valencia admitió la personación de Mazón en la causa. A partir de ese momento, el expresident presentó un primer escrito en el que defendió que no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe.
Fuentes judiciales señalan que, en este momento, no es probable que Mazón acabe encausado por su gestión de la DANA de 2024, aunque sí lo consideran posible. Esa posibilidad aumentaría especialmente si la exconsellera Salomé Pradas modificara su estrategia tras el escrito de Mazón.
En un auto, la instructora ha indicado que el expresident ha basado su tesis exculpatoria en inculpar a su exconsellera. Ese movimiento ha reordenado parcialmente las posiciones procesales y ha abierto la puerta a nuevas solicitudes de diligencias.
Más allá del futuro procesal de Mazón, las mismas fuentes coinciden en que aún falta mucho para llegar al juicio oral. También destacan que la instrucción ha permitido conocer muchísimas cosas sobre lo que ocurrió aquel 29 de octubre de 2024.
En sus resoluciones, la jueza ha dejado constancia de que el fenómeno meteorológico no era imprevisible. Ha sostenido que las muertes se podían evitar, por ejemplo mediante un Es-Alert que no hubiera sido tardío ni errado en su contenido, aspecto que sigue bajo análisis en esta macrocausa.
