Con las cenizas del incendio de Montitxelvo aún candentes y la actuación de cuerpos de bomberos y unidades venidas de diferentes partes para ayudar a controlar el fuego de la provincia de Valencia, era más que previsible que uno de los focos y puntos de crítica en el desglose del presupuesto de la Conselleria de Justicia e Interior, incidiera en las partidas destinadas a Emergencias. Y muy en especial a los bomberos forestales, que tres días después de exigir ante la Conselleria que se mantuvieran unos puestos de trabajo, para ellos “necesarios”, volvían a ponerse al servicio de la ciudadanía con carácter urgente.
Sin embargo, los reproches contra esos despidos han ido, políticamente, en las dos direcciones. Así mientras la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez afeaba al anterior equipo de gobierno del Botànic la “nefasta herencia recibida” que no contemplaba presupuesto para mantener esas contrataciones, desde la oposición se le recriminaba la falta de voluntad de la actual conselleria para llevarlo a cabo y se afeaba la bajada en las partidas destinadas en las futuras cuentas.
Con todo, y al margen de este capítulo vinculado a la actualidad, Núñez ha detallado este lunes ante en Consell los grandes bloques de los presupuestos de su área. No sin antes aprovechar su comparecencia para referirse en su introducción a su postura rotunda contra la amnistía prevista por el gobierno de Sánchez.
Por otro lado, y en repuesta a las intervenciones de la oposición cuando ha finalizado su primera intervención, la consellera ha insistido en la falta de ejecución de las cuentas del gobierno anterior contraponiendo lo que ha defendido como “una gestión responsable, basada en el tratamiento eficiente del dinero público para atender las necesidades reales de alicantinos, castellonenses y valencianos”.
En su comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de les Corts, ha explicado que el presupuesto de la Conselleria de Justicia e Interior para 2024 es de 760,79 millones, un 2,9% más que el año anterior.
Justicia prevé la construcción y mejora de sedes judiciales
El presupuesto en el área de Justicia para 2024 aumenta un 9,3% con respecto al año anterior, hasta un total de 460,2 millones, ha asegurado Núñez
En materia de personal se amplía la inversión en un 8,5%, hasta 294,75 millones de euros. Se aumenta un 11,26%, hasta los 63,47 millones de euros, las partidas para compra de bienes y gastos de funcionamiento y se asigna una inversión de 96,32 millones, un incremento del 31,23%, en mejorar las infraestructuras judiciales.
Está previsto construir nuevas sedes en Alzira, Llíria, Sagunt, Torrent, Xàtiva, Villena, la Ciudad de la Justicia de Alicante, la nueva sede del Tribunal de Marca Comunitaria, también en Alicante, y un nuevo edificio satélite para la Ciudad de la Justicia de Valencia.
En cuanto a la ampliación y reforma, está previsto actuar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Ontinyent, Denia, Orihuela, Torrevieja y en la ampliación de los juzgados de Nules. De la misma manera, se adecuará el nuevo Archivo General de Alicante, y se han previsto casi 3,5 millones de euros para atender los pagos finales del nuevo edificio judicial de Gandía.
Por otro lado, la consellera también ha querido remarcar que uno de los grandes objetivos es “proteger a todas las víctimas de delitos, hombres y mujeres, de todas las formas de violencia, sea quien sea su agresor y sea cual sea el delito”, ha especificado.
Para 2024, se destina un presupuesto de 74,5 millones. Se prevé la reclasificación y mejora de puestos de atención directa, y se solicitará la creación de nuevos puestos en estas oficinas. De este modo, Núñez ha asegurado que el grueso del programa de atención a las víctimas y acceso a la justicia se encuentra en el capítulo de subvenciones, con casi 60 millones de euros, que mantiene todas las líneas de subvención a entidades de defensa de las víctimas del terrorismo y las indemnizaciones a estas víctimas.
Asimismo, se destinan 57,53 millones a los Consejos Valencianos de los Colegios de Abogados y de Procuradores distribuidos en diferentes subvenciones para abonarles sus servicios de asistencia jurídica gratuita.
Por su parte, la inversión en mediación alcanza los 1,6 millones de euros en subvenciones y convenios a distintas entidades públicas, entre ellas los Ayuntamientos a través del servicio Mediaprop.
Seguridad y emergencias
Para 2024 se destinan 176 millones a Interior, Seguridad y Emergencias. En el ámbito de Interior y Seguridad se negociará un convenio justo con el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía, para garantizar que la unidad adscrita de la Policía Nacional está adecuadamente dotada de medios y de personal, ya que el convenio caducó hace más de un año, así como un acuerdo con Feria de Valencia para ubicar allí a la Policía de la Generalitat, con mejores condiciones, mejores instalaciones y mayor bienestar de sus integrantes.
En el IVASPE, cuyo presupuesto aumenta un 51,74%, se va a impulsar la elaboración de un Reglamento para este instituto y convenios de colaboración con distintos ayuntamientos para impartir formación.
La Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias recibe 113 millones para Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios.
Se va a garantizar un funcionamiento excelente del teléfono 1-1-2, incorporando nuevos avances tecnológicos, y mantener las ayudas para los Consorcios Provinciales de Bomberos y las Encomiendas Forestales, seguros y material de agrupaciones y asociaciones de protección civil, y para planes de emergencia.
En materia de extinción de incendios, además del servicio de helicópteros y aviones, se impulsarán helicópteros de coordinación, rescate y transporte sanitario, quemas prescritas como instrumento de gestión forestal, y la formación del personal de gestión forestal y del servicio de Bomberos Forestales en uso de fuego técnico.
Además, continuarán los trabajos para una futura Ley de coordinación integral de Emergencias y Protección Civil para la Comunidad Valenciana. Se incluyen 57 millones para la financiación a la SGISE, empresa pública de bomberos forestales “que se gestionará con rigor, con responsabilidad, diciendo la verdad a los trabajadores y cumpliendo con todos los trámites para que la actuación de SGISE sea conforme con la legalidad”.
La valoración de la oposición
Respecto a la valoración de estas cuentas por parte de la oposición, desde las filas socialistas, Alicia Andújar, ha afeado que “lo más grave del presupuesto de la Conselleria de Justicia es que “la violencia de género ha dejado de ser un objetivo para el Gobierno de Mazón”.
Por otro lado, también han criticado el “recorte de 14 millones de euros la gestión de las Emergencias”, y ha asegura que PP y ultraderecha “ponen en peligro la seguridad de todos los valencianos y valencianas, como se acaba de evidenciar en la deficiente gestión del incendio forestal que acaba de sufrir la provincia de Valencia”.
