Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han acudido este miércoles a la Conferencia Sectorial de Educación, lo que ha dejado en suspenso el reparto de 31,2 millones de euros para Formación Profesional y la adopción de medidas sobre educación inclusiva y la etapa de 0 a 3 años, según ha denunciado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El departamento que dirige Milagros Tolón había citado a los consejeros autonómicos de Educación para distribuir cerca de 31 millones de euros destinados a impulsar la Formación Profesional. Además, la reunión debía abordar el nuevo decreto que ha previsto reducir las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, y revisar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva.
Las consejerías del PP habían pedido previamente suspender esta Conferencia Sectorial y otra convocatoria prevista en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, alegando la emergencia por los incendios forestales. Finalmente, las comunidades gobernadas por los populares no han asistido ni se han conectado por vía telemática con el Ministerio de Educación.
Reparto de fondos y educación de 0 a 3 años, en pausa
En un comunicado, Educación ha criticado el ‘boicot que han protagonizado hoy estas comunidades autónomas sin razón objetiva que impidiera su participación’ y ha subrayado que ‘existían fórmulas que permitían compatibilizar las obligaciones propias de los responsables autonómicos con el ejercicio de sus responsabilidades institucionales’.
El Ministerio ha lamentado el retraso que supondrá para las comunidades la llegada de los 31,2 millones de euros previstos para mejorar el impulso y la calidad de la Formación Profesional. A su juicio, este bloqueo ‘dificultará la puesta en marcha de actuaciones que benefician al alumnado, al profesorado y al conjunto del sistema educativo’.
En la Conferencia también estaba previsto informar a los territorios sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años y los avances registrados hasta ahora. Educación ha remarcado que ‘todas estas decisiones quedan ahora en suspenso debido a una incomprensible falta de lealtad institucional por parte de algunas comunidades autónomas que hacen un uso partidista y arbitrario de la Conferencia Sectorial de Educación’.
El Ministerio ha insistido en que la ausencia de los ejecutivos autonómicos del PP evidencia desinterés por la educación inclusiva, la Formación Profesional y la etapa educativa de 0 a 3 años. Además, ha reprochado que algunas comunidades comunicaran su decisión de no participar en la reunión apenas una hora antes de su inicio, lo que ha reducido el margen de reacción del Gobierno central.
Educación ha recordado que ‘ayer se celebró con normalidad y sin impedimento la Conferencia Sectorial de Transportes convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible’, para defender que no existían obstáculos generales para mantener las reuniones entre ministerios y comunidades.
El departamento ha destacado también que la convocatoria de este miércoles permitía la asistencia por medios telemáticos. Cada comunidad podía, además, delegar su representación en la persona que considerara más adecuada, algo que el Ministerio considera que no se ha aprovechado pese a las excusas alegadas.
Paralizado el programa María Goyri de plazas universitarias
El plantón en Educación se suma al que han protagonizado once comunidades autónomas en el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria. Esa reunión debía aprobar la distribución de cerca de 150 millones de euros para financiar en 2026 el programa María Goyri.
Según ha explicado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en una carta remitida a todos los consejeros autonómicos, la suspensión de este encuentro implica que ‘lamentablemente queda paralizada la tramitación de la transferencia de estos fondos para financiar en 2026 las 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en universidades públicas que ya están contratados’.
La decisión de no asistir a estas conferencias sectoriales tiene así un impacto directo en los plazos de llegada de los fondos previstos tanto para la Formación Profesional como para el sistema universitario público. Hasta que no se celebren las reuniones y se aprueben formalmente los repartos, las comunidades no podrán disponer de estas cantidades para desarrollar los programas acordados.
