Ha registrado en las Cortes Valencianas una proposición no de ley para instar al Consell a atender las propuestas y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica
La coalición reclama que rehaga unos presupuestos que son 'un frenazo para el desarrollo social y económico del pueblo valenciano, así como al progresivo despliegue efectivo de sus derechos y libertades'.
Fullana: 'La bajada de impuestos a las grandes herencias ya se ha cobrado la primera víctima. Muchas obras dejarán de hacerse y el resto sufrirá retrasos'.
La portavoz adjunta, Aitana Mas, lamenta que 'herramientas de inversión social como la renta tenga solo un 0,6% de crecimiento' y se recorte en sectores instrumentales como el IVACE o la Agencia de Innovación
Mònica Àlvaro: ‘Cláusulas denunciadas por usuarios y asociacio-nes de consumidores, como la libre movilidad en los festivales, no pueden estar financiadas con dinero público’.
Grezzi: 'La remodelación devolverá el tráfico de no menos de 600 autobuses diarios al entorno de la Plaza de la Reina y la Plaza del Ayuntamiento, y multiplicará el tráfico privado y su con'.aminación por Colón.
Fuset denuncia que, además, esta nueva figura podría entrar en duplicidad de funciones con la figura de Coordinador General que ejerce de facto la gerencia administrativa del organismo autónomo.
La oposición critica que la alcaldesa de València 'priorice el vehículo privado al transporte público' y avisan que tratarán de impedir los cambios porque supone que más de 600 autobuses vuelvan a pasar por la plaza del Ayuntamiento
Aseguran que el ‘modelo Alzira’ ha ‘fracasado’ y está ‘muerto’ y advirten que estarán ‘vigilantes’ para que la transición se haga con ‘todas las garantías’.
El diputado Carles Esteve considera que el procedimiento de adjudicación restringido 'aumenta las sospechas de un trato de favor' y pide la comparecencia de Bernardo Valdivieso.
También reclama a la Generalitat Valenciana que ‘mantenga las ayudas de Labora y evalúe los efectos esta sobre las empresas beneficiarias y que el Gobierno de España inicie negociaciones con los agentes sociales’.